Las guerras del gas

Desde que comenzó en su actual fase, es decir, desde la victoria de Maidan, el conflicto rusoucraniano ha tenido, además de sus componentes políticos, culturales y militares, un componente económico que generalmente ha quedado en segundo o tercer plano mediático. Las guerras del gas habían sido recurrentes a lo largo de los años anteriores, en los que Ucrania había intentado aprovecharse de su posición de tránsito para lograr una herramienta de presión en busca de concesiones de Moscú. La lógica del proyecto del Nord Stream era precisamente buscar eliminar esos pasos intermedios -tanto por Ucrania como por Bielorrusia- creando una conexión directa ente Rusia y su principal cliente en la Unión Europea, Alemania. Pese al intento de diversificar la clientela y reducir la dependencia de clientes occidentales que Rusia realizó desde 2014, cuando se impusieron las primeras sanciones personales y sectoriales a raíz de la adhesión de Crimea, el mercado europeo ha sido, hasta 2022, el principal destino de los productos energéticos de la Federación Rusa, un país que, pese a las diferencias y a la intención de virar a Asia seguía siendo fundamentalmente europeo.

La victoria de Maidan y sus consecuencias políticas, el intento de limitar las relaciones económicas con Rusia y el estallido de la guerra en Donbass -por voluntad propia de Ucrania, que quiso acabar por la vía militar con unas protestas que se habían iniciado por motivos políticos- causaron una importante degradación de la economía ucraniana. La guerra hizo aumentar los gastos en un momento en el que Ucrania perdió tanto una parte de la industria, que había quedado en lado rebelde, como el acceso preferente al mercado ruso. Esas pérdidas no se vieron compensadas con los ingresos procedentes de la Unión Europea. El camino europeo que una parte de la población ucraniana decidió para todo el país sin tener en cuenta las consecuencias económicas que para las regiones industriales tendría la pérdida del acceso a Rusia dio lugar al Acuerdo de Asociación, que según la propaganda de Maidan debía transformar el país. Ucrania no se convirtió en la superpotencia agrícola ni en el granero de la Unión Europea que se presagiaba en Maidan y fueron los créditos del Fondo Monetario Internacional los que se convirtieron en una de las bases necesarias para el mantenimiento de la economía.

En ese contexto, Ucrania no podía permitirse el lujo de perder ningún ingreso regular, especialmente el lucrativo beneficio del tránsito del gas ruso hacia la Unión Europea. En aquel momento, se construía ya la ampliación del proyecto Nord Stream, el Nord Stream-2, que, de haber entrado en vigor, habría supuesto un notable aumento del volumen transitado directamente desde Rusia hasta Alemania, evitando así pasar por terceros países. La reducción del tránsito a través de terceros habría reducido para Rusia el pago por el uso de los sistemas de tuberías de otros países y habría limitado su capacidad de utilizar al gas como herramienta de presión, un aspecto importante en el caso de Ucrania, con capacidad para cerrar el grifo e impedir el paso.

Como principal vía de tránsito del gas ruso a la Unión Europea, Ucrania se vio amenazada por la construcción del Nord Stream-2, algo en lo que sus intereses se alineaban a la perfección con los de su aliado estadounidense. Con la guerra contra Rusia como argumento -pese a que faltaban años para que las tropas rusas cruzaran la frontera en dirección a Kiev, Járkov o Jersón-, Kiev buscó lograr de sus socios europeos un compromiso que garantizara sus ingresos de tránsito de gas más allá de la entonces esperada puesta en marcha del Nord Stream-2. De ahí que la cumbre de jefes de Estado o de Gobierno del Formato Normandía celebrada en diciembre de 2019 en París, tuviera la cuestión del gas como uno de sus temas principales en la agenda. En aquel momento, en los primeros meses del mandato de Zelensky, que había llegado al poder prometiendo buscar la paz y aparentemente dispuesto al compromiso con Rusia, la esperanza era lograr un acuerdo para la implementación de los acuerdos de Minsk, entonces vistos aún como la única vía de resolución pacífica al conflicto, que había dejado ya 14.000 víctimas mortales y un bloqueo económico de Donbass que impedía su reconstrucción y el retorno a una vida mínimamente normal para la población civil.

Para sorpresa solo de quienes aún no habían comprendido las prioridades de Ucrania, el resultado de aquella cumbre fue una reafirmación del apoyo a los acuerdos de Minsk pero ningún compromiso tangible para superar el bloqueo y un acuerdo, en este caso sí, negociado y firmado, de renovación del contrato de tránsito del gas ruso a través de Ucrania. Una vez más, Kiev había utilizado un foro teóricamente dedicado a buscar la paz en Donbass para lograr sus objetivos políticos y económicos sin comprometerse realmente a cumplir con sus compromisos adquiridos con su firma en los acuerdos de Minsk. Ucrania lograba prorrogar el contrato de tránsito con Gazprom, que incluía una cantidad mínima que Rusia debía obligatoriamente enviar a la Unión Europea a través de Ucrania y al margen de la situación en el Nord Stream.

Ahora, con aquel contrato en vías de caducar y los productos energéticos rusos bajo sanciones de la Unión Europea, que sigue buscando deshacerse de la dependencia de estos productos fiables y a precio asequible en favor de opciones más caras pero ideológicamente correctas -como Estados Unidos, Qatar o incluso Azerbaiyán- las condiciones han cambiado. Al contrario que los demás participantes directos e indirectos, Ucrania no ha optado por una especie de keynesianismo militar por el que sí han apostado, de una manera u otra, tanto Rusia como Estados Unidos y la Unión Europea, que han olvidado temporalmente las políticas de austeridad para aumentar la producción, Kiev se mantiene firme en las políticas económicas que ha seguido desde 2014. La privatización, desindustrialización, limitación del Estado y el uso de créditos occidentales para reformar la economía nacional y dirigirla hacia un liberalismo al estilo estadounidense siguen siendo perfectamente factibles para Ucrania, que pese a la guerra continúa teniendo el privilegio de obtener créditos del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones multilaterales y los subsidios de los países europeos.

Aunque una parte de esas fuentes de financiación son, en realidad, en forma de deuda, los ingresos no parecen ser ahora algo que preocupe a Ucrania, siempre dispuesta a recortar gastos en pensiones, sanidad o educación y aplicar la austeridad incluso más allá de lo exigido por el FMI. El presidente Zelensky ha mostrado activamente su intención de profundizar en la privatización de activos del Estado en manos de las grandes empresas internacionales, una venta en un momento en el que necesariamente se produciría muy por debajo de los precios razonables, pero que supondrían para Ucrania la presencia de las grandes corporaciones extranjeras en el futuro, una garantía de que el país no será abandonado una vez termine la guerra y deje de ser una herramienta útil para luchar contra Rusia.

Con otros ingresos aparentemente garantizados -Ucrania parece excesivamente optimista en sus posibilidades de futuro, cuando tendrá que enfrentarse a una renegociación de una deuda que no tiene intención de pagar-, Kiev vuelve a mirar al gas como lo hiciera en los años anteriores a Maidan. Los ingresos por el tránsito energético ya no son la prioridad, sino que se busca privar a Rusia de todos los ingresos posibles, especialmente aquellos relacionados con la energía. En ningún momento fue un secreto que el Gobierno ucraniano se alegró de las explosiones en las tuberías subacuáticas del Nord Stream 1 y 2, que convertían al anticuado sistema de tránsito ucraniano en una herramienta más importante. Desde entonces ha podido saberse que las agencias de inteligencia europeas conocían un plan ucraniano para hacer explotar el Nord Stream y Kiev sigue siendo considerada la principal sospechosa de los hechos. Actualmente, aunque en volúmenes mucho más limitados que antes de la intervención rusa, el gas ruso que transita hacia la Unión Europea lo hace a través de Ucrania, que sigue aceptando los pagos de Gazprom por ese tránsito.

Con el acuerdo de cinco años firmado en 2019 a punto de expirar, Ucrania ha comenzado a filtrar a la prensa la nula viabilidad de una negociación bilateral para la extensión del acuerdo. Según Financial Times, el tránsito a través de Ucrania supone el 5% del total de importaciones energéticas de la Unión Europea, lo que da a Kiev una herramienta potente de presión fundamentalmente contra el país más perjudicado por la desaparición del Nord Stream: Alemania, que casualmente fue el país que más favoreció a Ucrania, en parte a costa de sus propios intereses, en la anterior negociación. En esta ocasión, no existe ni la voluntad de acuerdo ni un actor europeo que pudiera actuar de intermediario. Nuevamente, la principal perjudicada será Alemania, que con su incapacidad de levantar la voz ante el acto de terrorismo internacional que supusieron las explosiones en el Nord Stream, del que es copropietaria, se mostró como el eslabón más débil de la cadena europea. Aunque su producción industrial ha sufrido a causa de la pérdida de una de sus bases de competitividad, la energía barata, todo indica que perderá otra vía de comunicación con quien durante años fue su principal suministrador energético, que mira ya a otros países para sustituir a un cliente que ni siquiera ha sido capaz de defender sus propios intereses.