“Los ancianos de Kyiv tiemblan tras los ataques rusos a la electricidad y la calefacción. Los voluntarios de la fundación Starenki entregan alimentos y artículos esenciales a los ancianos mientras Rusia intensifica sus ataques contra la infraestructura eléctrica y de calefacción de Ucrania, sumiendo a los residentes de Kiev en la oscuridad y el frío mientras las temperaturas caen hasta 20 grados bajo cero”, afirmaba ayer AFP, mostrando un sufrimiento que no es inédito en la guerra de Ucrania, sino que se ha padecido durante años en las zonas cercanas al frente. Sin embargo, el enfoque es diferente cuando los desastres humanitarios se producen en la capital de un país o en el lado del frente cuya población importa más a los potenciales lectores. “El frío”, recuerda AFP, “es especialmente doloroso para la población anciana”. Aunque se trata de una verdad evidente, es preciso recordar que no siempre se ha tratado como tal.
El reportaje muestra el drama de una pareja de ancianos vestidos con ropa de invierno y la cabeza tapada en un modesto apartamento en el que, sin calefacción y escaso suministro eléctrico, tratan de sobrevivir a la guerra de alguna manera, una imagen que no difiere en exceso de las que han podido verse un invierno tras otro en Donbass desde hace prácticamente doce años. El sufrimiento humano es el mismo a uno y otro lado del frente, pero el tratamiento informativo nunca lo ha sido. En el caso de Donbass, hay que añadir un factor más, el tratamiento que les ha dado el Gobierno de Kiev. Ultraliberal y desinteresado en cumplir una labor de redistribución o protección de la población más vulnerable, el ejecutivo de Petro Poroshenko interrumpió el pago de salarios públicos, pensiones y prestaciones sociales a la población de Donbass. Meses después, el entonces presidente ucraniano oficializó la decisión por decreto. En febrero de 2015, uno de los puntos de la parte política del acuerdo de alto el fuego implicaba la reanudación de las relaciones económicas y comerciales entre Kiev, Donetsk y Lugansk. Contra la letra y el espíritu de ese planteamiento, Ucrania no solo no trabajó para recuperar esos lazos, sino que impuso un bloqueo bancario, comercial y de transporte con el que aspiraba a utilizar el arma económica para conseguir lo que no había conseguido con la militar, obligar a Donbass a rendirse.
Los años de Minsk, en los que se detuvieron las grandes batallas, pero que cronificó el estado de ni guerra ni paz en el que no podía haber resolución, reconstrucción o progreso económico, afectaron especialmente a la población más vulnerable, entre la que destacan dos grupos de población: menores en situación de desprotección (huérfanos, menores con discapacidad) y ancianos, especialmente aquellos residentes en zonas cercanas a la línea del frente, en la que el fuego nunca llegó a cesar del todo. Lejos de todo y abandonados por el Gobierno del país que seguía reclamando el territorio pero no necesariamente a la población residente en él, los y las pensionistas de Donbass comenzaron a percibir las pequeñas pensiones que, con fondos recibidos desde Rusia, ofrecían las Repúblicas Populares. Insuficientes para vivir con garantías, miles de ancianos, aquellos cuya movilidad se lo permitía, pasaban horas en los puestos de control instalados por Ucrania para cruzar la línea del frente.
Aunque a lo largo de los años se presentaron diferentes opciones para la reanudación del pago de pensiones en Donbass, la última de las cuales fue el ofrecimiento de Cruz Roja de actuar de intermediaria para el traslado de los fondos y su distribución a las personas que tenían derecho a ellos, Ucrania nunca detuvo, ni tuvo intención de modificar, la decisión de Petro Poroshenko en 2014. Eso condenó a esa población a situaciones de precariedad y a arriesgar sus vidas atravesando periódicamente el frente para tratar de obtener las pensiones ucranianas, también absolutamente miserables, que habían obtenido gracias al trabajo de todas sus vidas.
El frío en invierno, el calor en verano y las largas esperas causaron una cifra importante de víctimas, personas que perdieron la vida de forma absolutamente evitable. “Solo en 2018, se han registrado más de 50 muertes en las entradas y salidas de los puestos de control de los territorios ocupados”, afirmaba a principios de 2019 el medio ucraniano Hromadske, que añadía que en la primera mitad de 2019 ya se habían registrado otras ocho muertes. Las dificultades que suponía para la población anciana no fueron un obstáculo para que Ucrania mantuviera su política de bloqueo económico contra las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, una actuación que, como la situación actual de carencia de calefacción o suministro eléctrico en Kiev, afectaba especialmente a la población más vulnerable.
Paliar la crisis humanitaria que vive Kiev, donde se esperan para los próximos días temperaturas extremas y centenares de edificios de pisos continúan sin calefacción, es el objetivo de la medida anunciada por Donald Trump el jueves por la noche. Aunque el país ha vivido situaciones similares y más continuadas, especialmente en zonas cercanas a la batalla, el cálculo es diferente cuando se trata de la capital, donde reside la clase media a la que las autoridades políticas han de proteger.
Sin aparente negociación, Donald Trump anunció unilateralmente una tregua parcial que había propuesto a Vladimir Putin. Como casi todo en el proceso diplomático para tratar de encontrar una vía de resolución a esta guerra, los términos son confusos. No se trata de evitar ataques contra las infraestructuras energéticas, idea que Rusia y Ucrania iban a comenzar a negociar en el verano de 2024 cuando Kiev decidió iniciar su ofensiva en Kursk, sino de una exigencia de que Rusia no ataque la ciudad de Kiev durante una semana. Estados Unidos busca dar a las autoridades ucranianas tiempo para las reparaciones mínimas que pueden hacerse en tiempos de guerra y lograr que la situación no empeore en la capital, aunque no necesariamente en el resto del país, donde no existe ningún tipo de alto el fuego.
A juzgar por las palabras de Volodymyr Zelensky, esta tregua parcial que Donald Trump hizo pública para obligar a Rusia y Ucrania a detener ciertos ataques, no se ha producido por medio de ningún tipo de diálogo sino por imposición de la mediación estadounidense. Horas antes de la declaración de Trump, varios oficiales rusos habían rechazado la posibilidad de una tregua parcial. Utilizar los medios y anunciar públicamente una medida, dando por hecho que las partes en conflicto acatarán órdenes ha sido la fórmula elegida por el presidente de Estados Unidos, una fórmula que, por el momento, ha funcionado. Según el presidente ucraniano, no se ha producido negociación ni diálogo entre Rusia y Ucrania. Si Moscú cumple su parte, no atacar Kiev, Ucrania cesará sus ataques contra las infraestructuras petroleras en territorio ruso o la flota fantasma con la que Moscú transporta su crudo. Según Zelensky, esos ataques se suspenderán mientras Rusia cese sus ataques, una declaración curiosa teniendo en cuenta que nadie parece saber realmente cuáles son los términos de esta supuesta tregua parcial. Sin embargo, desde el punto de vista estadounidense, este proceso puede actuar como laboratorio de pruebas de la capacidad de Moscú y Kiev para cumplir con los compromisos adquiridos y la voluntad de dar pasos hacia un alto el fuego completo y definitivo. Teniendo en cuenta que contentar a Donald Trump sigue siendo uno de los grandes objetivos de Rusia y Ucrania, es de esperar que este intento de alto el fuego parcial sea más respetado que aquellos que el Grupo de Contacto pactaba de forma continua –como lo eran también las infracciones- durante los años de Minsk.
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