Reconstrucción y reparaciones

El puente de Putilovka, destruido por el Ejército Ucraniano y símbolo de la brecha entre Donbass y Ucrania

Cita anual en la que presidentes de países cuyas empresas aspiran a lucrarse de la futura reconstrucción de Ucrania presentan sus credenciales y anuncian millonarias aportaciones públicas que revertirán en beneficios privados, la cumbre de reconstrucción de Ucrania celebrada esta semana en Roma ha quedado eclipsada por el retorno de la vía militar como forma de resolución del conflicto, una alegría para los halcones estadounidenses y el establishment político continental que retrasará cualquier trabajo de recuperación de las infraestructuras y lo hará aún más costoso. “El foco de la conferencia es fomentar la inversión a largo plazo del sector privado, pero esto ha quedado eclipsado por la urgente necesidad de proteger a la población y la economía ucranianas de las consecuencias de los ataques con drones”, escribía esta semana The Guardian. La continuación de la lucha y la creciente utilización de la guerra aérea, que está produciendo serios daños materiales a ambos lados del frente y específicamente en las infraestructuras industriales y militares ucranianas implica continuar acumulando una factura final de los trabajos de recuperación que el canciller Friedrich Merz ha cifrado actualmente en 500.000 millones de euros.

Esa es también la cantidad que el líder alemán exige a Rusia en forma de compensación por la guerra y prerrequisito para que Moscú pueda volver a tener acceso a los activos públicos y privados rusos intervenidos en febrero de 2022. En otras palabras, Alemania espera 500.000 millones de euros de financiación pública rusa para la reconstrucción de Ucrania a cambio de la devolución de unos fondos que solo en parte corresponden al Estado ruso. La maniobra parece querer garantizar que sea el Estado el que cargue con el coste de la guerra y no se costee, por ejemplo, con los activos de los intereses oligárquicos también retenidos por la Unión Europea tras la invasión rusa. La conferencia de reconstrucción, que ha presentado el día después al alto el fuego como una oportunidad de negocio para las grandes constructoras y empresas de ingeniería civil de Occidente, una forma de privatización de los beneficios de la guerra que quiere acompañarse de un empobrecimiento del Estado ruso, sobre el que ha de cargar todo el coste del conflicto. Y aunque el canciller y otros líderes europeos han tanteado a lo largo de los años la posibilidad de incautarse de los fondos retenidos, la posibilidad de una litigación que diera lugar a una sentencia favorable a Rusia ante la ilegalidad de hacerse con los activos de un país al que no se ha declarado la guerra ha hecho imposible dar ese paso que sigue sugiriendo, por ejemplo, el trumpismo.

La cantidad estimada por Alemania es notablemente superior a los 200.000 millones de dólares del coste total de reconstrucción de un minucioso estudio realizado por expertos y que esta semana citaba The Guardian. Pero más allá de la cantidad, es preciso tener en cuenta que los estudios sobre las necesidades de reconstrucción posteriores a un futuro alto el fuego, que ahora parece lejano, tienen en cuenta todo el territorio de Ucrania según sus fronteras internacionalmente reconocidas. La exigencia alemana de unas reparaciones de guerra que duplican con creces la cantidad actualmente establecida como necesaria para la reconstrucción de los territorios ucranianos bajo control de Kiev, los que se encuentran bajo control de Moscú y Crimea, que se separó de Ucrania para anexionarse a la Federación Rusa en marzo de 2014, no solo es un obstáculo más para la posibilidad de que pueda haber un acuerdo diplomático que ponga fin a la batalla, sino que busca que Rusia corra con los costes de todo el conflicto. Alemania, como el resto de sus aliados occidentales, aspiran a hacer pagar a Moscú por toda la guerra, también la iniciada por Ucrania en abril de 2014, cuando trató de resolver un problema político -el hecho de que una parte de la población no aceptaba el cambio irregular de Gobierno que se había producido en febrero y rechazaba su agenda nacionalista- por la vía militar. Rusia, que en aquel momento acogió a centenares de miles de personas refugiadas y que con el paso de los años se hizo cargo del pago de pensiones y prestaciones sociales, interrumpidas por Ucrania de facto aquel verano y oficialmente aquel otoño, ha de cargar también con los costes de la guerra de agresión de Kiev contra Donetsk y Lugansk.

Mucho ha cambiado a lo largo de esta semana, que se iniciaba tras el anuncio estadounidense de una suspensión que siempre se supo que sería temporal de la entrega a Ucrania de algunas armas clave, entre ellas interceptores para la defensa aérea, y que termina a la espera de cuál es el anuncio que Donald Trump pretende hacer sobre Rusia mañana lunes, aunque hay que dar por hecho que se trata de un paquete de sanciones al petróleo ruso -especialmente dirigidas contra los países, fundamentalmente China, que siguen comerciando con Rusia- y armas para Ucrania, posiblemente previo pago de los países europeos de la OTAN. Aun así, la tendencia en el campo de batalla es clara y, pese al discurso triunfalista de Ucrania, a día de hoy es impensable una resolución de la guerra en la que Kiev recuperara todos o gran parte de los territorios según sus fronteras de 1991.

Esa realidad implica que una parte del territorio va a quedar, temporal o permanentemente, bajo control ruso, lo que complica el discurso sobre las cantidades que Occidente pretende exigir a Rusia como compensaciones de guerra, siempre agarrándose a la carta de los activos rusos congelados. Esa baza hace que los países europeos no tengan la necesidad de derrotar militarmente a Rusia para exigir reparaciones, generalmente destinadas a que los vencedores se ensañen con los vencidos.

Teniendo en cuenta esos aspectos, a principios de este año, Reuters informó de que Rusia se habría mostrado dispuesta a entregar los alrededor de 300.000 millones de euros en activos públicos y privados rusos intervenidos por la Unión Europea, que Moscú sigue exigiendo que sean devueltos, pero que hace tiempo ha dado por perdidos. La condición para autorizar esa cesión, que según los últimos cálculos cubriría todas las necesidades de reconstrucción de Ucrania, sería, según esa misma fuente, que la parte proporcional de esos fondos reconstruyera también las partes del territorio que quedaran en el lado ruso. A día de hoy, Rusia controla algo menos del 20% del territorio de Ucrania según sus fronteras de 1991, por lo que ese sería el porcentaje que Moscú podría exigir de esos fondos, sus fondos públicos y privados, si el criterio fuera el territorial, o aún más si se valoraran los daños sufridos por cada territorio. Pese a que los ataques con drones y misiles han causado y siguen causando graves pérdidas materiales, los daños que se han producido en las regiones alejadas del frente son incomparables a los que han sufrido las regiones del sur, con una mucho mayor necesidad de reconstrucción y en una parte importante bajo control ruso.

No puede sorprender que esa propuesta no obtuviera el más mínimo interés de Occidente, decidido a obtener de Rusia una cantidad muy superior a las necesidades de reconstrucción de todo el territorio, y apropiándose además de todo ello sin tener en cuenta las necesidades de reconstrucción de Donbass, en guerra desde hace 11 años y medio, o el resto de territorios bajo control ruso. El objetivo no es garantizar la reconstrucción de Ucrania sino obligar a Rusia a cargar con todos los costes. De ahí que Alemania exija una cantidad exorbitante y que evidentemente busca reconstruir la parte ucraniana del territorio y financiar el posterior rearme de la estrategia del día después, un gran Israel capaz de atacar a su enemigo en cada momento en el que considere que sus condiciones no se están cumpliendo.

La arrogancia de Occidente hace que la cuestión territorial y sus implicaciones en materia de reconstrucción no hayan surgido realmente hasta estos meses en los que, por primera vez en tres años, se ha dado la posibilidad -fallida- de una negociación para lograr un alto el fuego. Algo sorprendente teniendo en cuenta que desde 2022 era evidente que la guerra se dirigía a un final no concluyente que implicaría una partición de facto de Ucrania con, al menos, Donbass y Crimea permaneciendo bajo control ruso. Sin embargo, en el breve instante en el que Occidente temió la posibilidad de un acuerdo, surgió la duda. “Existe una gran incertidumbre en torno al plan de paz liderado por Estados Unidos, que se espera incluya concesiones territoriales. Según un informe del mes pasado, más de un tercio de los costes de reconstrucción de Ucrania, casi 200.000 millones de dólares, recaerían en una Rusia en bancarrota si Ucrania se viera obligada a ceder el control de cuatro territorios como parte de un eventual acuerdo de paz”, escribía The Guardian. Además de la curiosidad de calificar a Rusia de “en bancarrota” teniendo en cuenta que no es Moscú sino Kiev quien lleva tres años dependiendo de las subvenciones extranjeras para sostener el Estado, es relevante el nuevo argumento para defender que Ucrania ha de recuperar los territorios. Por una parte, se exige a Rusia una cantidad muy superior a las necesidades de reconstrucción de todo el territorio, incluyendo las áreas bajo su control, a sabiendas de que los fondos en manos de Kiev solo reconstruirán las regiones ucranianas. Por otra parte, una vez exigida a Rusia una cantidad precisamente para forzar su bancarrota, surge la preocupación sobre qué ocurrirá con la reconstrucción de los territorios bajo control ruso. ¿Cómo puede Ucrania abandonar a su suerte esas áreas, en manos de una Rusia en bancarrota y empobrecida? Cuando hacen falta argumentos para defender la continuación de una guerra con catastróficos resultados para la sociedad ucraniana, incluso la olvidada, insultada y demonizada población de los territorios bajo control ruso se convierten en herramientas útiles.

El dato, esa tercera parte de la reconstrucción que correspondería a Rusia y que, pese a que ya ha comenzado en ciudades como Mariupol, se da por hecho que Rusia no será capaz de realizar “subraya la probabilidad de que el futuro de Ucrania sea no sólo de división política, sino también de divergencia en términos de riqueza y crecimiento económico, con la probabilidad de que los territorios del este controlados por Rusia sufran significativamente”, sentencia The Guardian, a quien en ocho años de bloqueo ucraniano contra Donbass nunca le molestaron las medidas económicas con las que Kiev trató de lograr la rendición de Donetsk y Lugansk que la guerra en su contra no había conseguido. Ucrania, un país cuyos indicadores antes de la guerra eran más negativos que los de la Federación Rusa, que ha perdido una cantidad alarmante de población y en el que a día de hoy 8,8 millones de personas se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, crecerá y creará riqueza y serán solo los territorios bajo control ruso los que la sufran. Es la contradicción entre querer hundir económicamente a Rusia y solo después comprender que eso podría tener consecuencias en los territorios que Ucrania no consiga recuperar.