“Pruebe esto para una pantalla dividida: Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE se reunirán hoy en Ucrania y respaldarán la creación de un tribunal para juzgar los crímenes de guerra; mientras, en Rusia, el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, asistirá al desfile de Vladimir Putin de las fuerzas implicadas en su guerra ilegal contra Ucrania”, escribía el 9 de mayo, sin ningún temor a utilizar juicios de valor o personalizar el desfile anual del Día de la Victoria en la figura del presidente ruso, Financial Times. Ese día, la Europa partida en dos celebraba en el este la victoria sobre el fascismo mientras el oeste sentaba las bases para perpetuar la actual división. Desde su superioridad moral, las autoridades de la Unión Europea anunciaban lo que presentaban como un nuevo Nuremberg, un tribunal propio creado por y para sí mismos y en el que juzgar únicamente los crímenes rusos partiendo de la base de que la guerra de Ucrania es justa y su respuesta está siendo aún más impecable.
“No he oído hablar de ningún civil ruso muerto por misiles o drones ucranianos”, comentó en una entrevista Lily Hamourtziadou, autora de La ética de la guerra remota, reflejando precisamente esa idea: la guerra de Ucrania -en la que ha quedado olvidado que fue Ucrania quien decidió resolver por la vía militar un problema político hace 11 años- no solo es defensiva, sino que la actuación de Kiev es estrictamente humanitaria, sin crímenes de guerra y protegiendo a la protección civil. Los más de 20 civiles asesinados en el centro de Belgorod el 30 de diciembre de 2023, apenas un ejemplo de los ataques artilleros ucranianos, no tienen derecho a discrepar, como tampoco la población civil de Donetsk, sometida a absurdos bombardeos indiscriminados y diarios desde mayo de 2022 hasta que Rusia pudo finalmente alejar el frente de la ciudad en 2024.
En las actuales circunstancias de disonancia cognitiva, ceguera voluntaria y uso de la idea del orden internacional basado en reglas añadiendo el corolario, solo contra mis enemigos, la doble vara de medir y el uso interesado de la justicia es un arma más de una guerra que va mucho más allá del plano militar, los movimientos en el frente y las perspectivas a corto y medio plazo. Bajo la idea de que Ucrania no solo está defendiéndose a sí misma sino también la seguridad de todo el continente, dando tiempo al continente a rearmarse ante el futuro intento ruso de invadir algún país europeo miembro de la UE o de la OTAN, el dogma más reciente que se ha instalado como verdad absoluta, la UE y la OTAN han instaurado la obligación moral de ambas alianzas de apoyar militarmente a Kiev mientras sea necesario, desgastando a Rusia el mayor tiempo posible aunque se produzca a costa del país que dicen estar protegiendo. Esa amenaza rusa, que no lo es a los países de la OTAN, está actualmente justificando el rearme de la Alianza y de su brazo político europeo, la UE, cuyo interés pasa por perpetuar esa ansiedad colectiva que lleva a la cronificación del conflicto y una efectiva partición del continente.
“Hace 80 años, de las cenizas de la guerra, el mundo plantó una semilla de esperanza: La Carta de Naciones Unidas como promesa de que la paz es posible cuando la humanidad se mantiene unida y como base de la cooperación internacional para un mundo mejor. Nunca renunciaré a esa esperanza”, escribió ayer António Guterres, secretario general de Naciones Unidas. Su utopía contrasta con los más pragmáticos pasos dados esta semana por la Unión Europea y Ucrania que, al margen de Naciones Unidas, han puesto en marcha el proyecto de tribunal ad hoc para juzgar únicamente los crímenes que les son políticamente útiles. Los mismos países que exigen que Vladimir Putin sea detenido en virtud de una orden de detención de la Corte Penal Internacional por la acusación de “secuestro” de menores ucranianos y que al mismo tiempo protegen a Benjamín Netanyahu, acusado de genocidio, se autoproclaman capacitados para decidir quién debe ser juzgado y quién no. Quienes trabajan en el 18º paquete de sanciones contra Rusia pero que ni siquiera han suspendido el acuerdo de asociación de la Unión Europea e Israel proclaman en boca de Kaja Kallas que “cada centímetro de la guerra de Rusia ha sido documentado” y añaden que “no hay lugar para la duda, ni para la impunidad” sin precisar que es así solo en el caso de los enemigos políticos. Quienes negaron durante años sus pensiones a la población anciana, discapacitada y huérfana de Donbass y han apoyado inequívocamente las agresiones israelíes proclaman su superioridad moral afirmando, como hiciera ayer Zelensky, que “todo criminal de guerra debe saber que habrá justicia”. Todos los criminales de guerra serán iguales, pero habrá algunos que sean más iguales que otros.
“La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa fue el primer organismo internacional que apoyó la idea de Ucrania de establecer un Tribunal Especial para el crimen de agresión contra Ucrania”, se jactó Volodymyr Zelensky en referencia a la institución que durante los años de guerra en Donbass sirvió de altavoz político para los políticos ucranianos más exaltados. Es el caso de Alexey Honcharenko, célebre por haberse fotografiado en la Casa de los Sindicatos de Odessa cuando los cuerpos quemados de las víctimas aún no había sido retirados y que hizo del hemiciclo su lugar de promoción política. “Realmente lo valoramos”, continuó Zelensky, que añadió que “el Tribunal, inaugurado oficialmente hoy, brinda una oportunidad real para exigir responsabilidades a los líderes del régimen ruso por los crímenes cometidos contra nuestro Estado y nuestro pueblo. Seguiremos trabajando para garantizar justicia para todas las víctimas. Los criminales deben ser juzgados en La Haya y castigados”.
Politizados los tribunales internacionales como arma geopolítica al servicio de quienes son capaces de imponer y manipular a su antojo tanto la justicia internacional como el sistema de las Naciones Unidas, las instituciones europeas han decidido crear uno a su medida, centrado únicamente en los casos que le son favorables, repitiendo así la experiencia de los tribunales que solo aspiraban a juzgar a dictadores africanos ideológicamente incorrectos y a dirigentes y militares serbios.
“Este Tribunal es esencial para restablecer el orden jurídico internacional y garantizar la rendición de cuentas por el crimen de agresión”, escribió Andriy Sibiha, ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania en una semana en la que ha quedado claro que el orden jurídico internacional es aplicable solo en los casos en los que es políticamente conveniente. En un post en el que resaltaba la hipocresía de Occidente, la historiadora estadounidense de origen iraní Assal Rad, una de las voces críticas con más rigor del sistema de think-tanks norteamericanos, resaltaba la reacción de Úrsula von der Leyen a los acontecimientos de esta semana. “Los agresores tienen que enfrentarse a los jueces”, subrayaba del tuit referido a Rusia, que contrastaba con el “ahora es el momento de que Irán se comprometa a una solución diplomática creíble” que dedicaba a Teherán tras el bombardeo ilegal e irresponsable de Estados Unidos, continuación de una agresión israelí que se produjo cuando Irán seguía negociando y confiaba en que la otra parte, Washington, estuviera también interesada en un acuerdo.
La creación de un tribunal -no “para Ucrania”, como destacaban ayer los medios, sino específicamente “contra Rusia”- solo puede entenderse desde la lógica de la perpetuación del conflicto y la cronificación de la división continental. La Unión Europea, último actor en realizar el giro pacifista para contentar a Donald Trump -lo hizo después incluso de que Kiev comenzara reticentemente y sin creer en ella a hablar de la paz justa-, ha de ser consciente de que jamás podrá juzgar a su principal objetivo, Vladimir Putin. Pero sabe también que este tipo de pasos, que se producen al margen del sistema internacional de derecho que dicen defender, ponen un obstáculo más en el proceso diplomático. Quienes, en la distancia y sin sufrir ningún peligro, están dispuestos a financiar la guerra mientras sea necesario no parecen preocuparse por el hecho de que la creación de esta tribunal haga un poco menos probable el alto el fuego que con tan poca convicción dicen defender y, sobre todo, la posibilidad de una negociación política que lleve a un acuerdo de paz.
Tampoco eso es una sorpresa. El objetivo europeo, compartido con la administración Biden hasta el pasado enero, ha sido siempre la imposición de un acuerdo en el que Rusia no tenga voz ni voto, sino un único derecho: firmar el acuerdo que se le presente como un hecho consumado que aceptar y acatar. Ese es el significado de la negociación en posición de fuerza. En esa postura, los países europeos y Ucrania comparten modus operandi con Donald Trump, que en el caso iraní solo se plantea un documento redactado por la Casa Blanca y en el que Irán acuda solo a ratificar la orden.
“Nuestro objetivo es alcanzar negociaciones sobre un acuerdo nuclear iraní entre Irán y Estados Unidos. Ayer hablé de esto con el presidente estadounidense Donald Trump, a quien le dije que se necesita la misma determinación para alcanzar otros dos importantes ceses del fuego: uno en Ucrania, donde Rusia no parece querer avanzar, ni mucho menos, y otro en Gaza, donde, como he dicho en repetidas ocasiones, la situación es insostenible”, declaró ante la prensa Giorgia Meloni, cuyas opiniones resumen a la perfección la postura de la inmensa mayoría de líderes de la Unión Europea. Las formas tendrán que ser diferentes -nadie se plantearía un bombardeo estadounidense de Rusia, que implicaría una represalia inmediata-, pero el objetivo es el mismo: someter a un enemigo histórico a la voluntad occidental.

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