«Verdaderos ucranianos»

“Se trata de guerreros de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y el Servicio Estatal de Guardia de Fronteras. La mayoría de ellos llevaban cautivos desde 2022”, escribió ayer Volodymyr Zelensky para anunciar el intercambio de prisioneros de guerra realizado ayer según los acuerdos alcanzados en la segunda reunión celebrada en Estambul entre las delegaciones de Rusia y Ucrania. Desde que se reanudaron los contactos directos, las entregas de cuerpos de soldados fallecidos y canjes humanitarios, un aspecto relevante sobre todo para las familias que aún buscaban a sus seres queridos desaparecidos, han sido el único éxito. “Aunque no se logró ningún avance político, ambas partes acordaron un intercambio gradual de prisioneros y la repatriación de los cadáveres de los soldados caídos. Como parte de ese acuerdo, Rusia se comprometió a devolver los cuerpos de hasta 6.000 militares y ciudadanos ucranianos”, comentaba ayer The Kyiv Independent, que casi sin querer admitía que lo que se pactó no fue un intercambio de 6.000 cuerpos de soldados fallecidos por cada bando, sino que fue una oferta unilateral rusa, posiblemente para dejar claro el desequilibrio entre la cifra de bajas. Por los 6.060 cuerpos que ha entregado a Kiev, Moscú ha obtenido un total de 78, una diferencia que los medios no han entendido necesario explicar. Mantener el dogma que afirma que las bajas rusas son cuatro o cinco veces superiores a las ucranianas es más útil para seguir justificando que Rusia puede ser derrotada en el frente.

Ninguno de los intercambios de prisioneros realizados tras la segunda reunión es comparable al que se produjo tras la primera, el mayor canje de prisioneros desde el inicio de la guerra en 2014. En él llamó la atención la presencia de civiles, un igual número de personas ajenas al estamento militar entregadas por cada una de las partes al otro lado. Y frente a personas de edad menos avanzada entregadas por Rusia a Ucrania, chocaron entonces las imágenes de personas mayores, en su mayoría mujeres, que Moscú recibió de Kiev. En ese momento, se dio por hecho que se trataba de civiles de las zonas más alejadas de Kursk, evacuados por Ucrania en los meses que ese territorio estuvo bajo su control y que debieron poder regresar a su país sin que mediara un intercambio.

La presencia de civiles en tan publicitado intercambio de prisioneros de guerra también sorprendió a algunos medios que, como CNN, han dedicado artículos a la cuestión. Esa sorpresa indica una cierta falta de conocimiento o, al menos, de seguimiento del conflicto desde su inicio, ya que las imágenes de hombres y mujeres, en algunos casos ancianos, descendiendo de los destartalados autobuses en los que se realizaban los canjes durante la guerra de Donbass fueron habituales. Mientras las Repúblicas Populares denunciaban que Ucrania detenía civiles simplemente para aumentar el fondo de intercambio, Kiev alegaba que se trataba de colaboracionistas, un destierro que, en ocasiones, se producía sin que las autoridades del país entregaran a la persona su documentación.

“Ucrania envió el mes pasado a Rusia a decenas de sus propios ciudadanos, liberándolos de las cárceles en un intento de conseguir la liberación de decenas de civiles ucranianos retenidos ilegalmente en cárceles rusas, una medida calificada de desesperada y preocupante por los activistas de derechos humanos”, explicaba la semana pasada CNN, que daba por hecho el correcto encarcelamiento de los civiles entregados por Ucrania y el ilegal de los intercambiados por la Federación Rusa. Esta infantil lógica de creer, sin necesidad de poner en duda o realizar el más mínimo ejercicio de pensamiento crítico, de la versión ucraniana y considerar propaganda cada palabra procedente de Moscú marca el análisis de esta guerra desde sus inicios y alcanza su máximo nivel con este tipo de argumentos. Haber ignorado los ocho años de guerra en Donbass, con sus prácticas ya establecidas, hace sencillo no tener que explicar que Ucrania utiliza ese modus operandi desde 2014.

“«Entiendo perfectamente el sentimiento, todos queremos que las personas (que están detenidas en Rusia) sean liberadas lo antes posible y Rusia no tiene voluntad de hacerlo… pero la solución que se ofrece no es definitivamente la correcta», dijo Onysiia Syniuk, analista jurídica de Zmina, un grupo ucraniano de derechos humanos”, continúa el artículo del medio estadounidense, siempre desde la lógica de culpar a Rusia de pecados que también pueden achacarse a Ucrania. “Según el gobierno ucraniano, 70 civiles ucranianos condenados por colaborar con Rusia fueron liberados como parte del intercambio de mil por mil prisioneros entre Kiev y Moscú el mes pasado”, indica CNN, en cuyo artículo analiza el método con el que Ucrania ha señalado a esas personas.

“Ucrania declaró que todos ellos se exiliaron voluntariamente, como parte de un plan del gobierno que ofrece a cualquier persona condenada por colaborar con Rusia la opción de ser enviada allí”, indica el texto sin poner en ningún momento en duda el destierro voluntario pese a que, en el pasado, Ucrania ha incluido contra su voluntad a personas en las listas de intercambios. Todo parece estar justificado, “pero grupos de derechos humanos y abogados internacionales afirman que el plan es problemático, contradice declaraciones anteriores del gobierno ucraniano y podría exponer a más personas al riesgo de ser secuestradas por los rusos”. Según este argumento, la actuación ucraniana no es problemática por suponer una forma de expulsar del país a personas a las que el Gobierno desprecia, sino porque puede animar a Rusia a detener ucranianos para desterrarlos de su zona de control, es decir, para hacer lo mismo que Ucrania está haciendo sin que suponga un problema para los grupos de derechos humanos ni para la prensa nacional o internacional.

La iniciativa que está siguiéndose no es nueva y fue ampliamente publicada en el momento en el que se creó. “Después de un periodo de prueba, Ucrania puso en marcha el pasado mes de julio el proyecto denominado “Хочу к своим” (“Quiero estar con los míos”). Según sus promotores, el proyecto pretende ayudar a facilitar el retorno de población ucraniana actualmente en situación de cautividad en la Federación Rusa a través de intercambio de civiles ucranianos que se sienten identificados con Rusia. La presentación pública de la iniciativa se realizó el pasado 25 de julio sin que, ni en Ucrania ni en Occidente, saltara ningún tipo de alarma por la idea en sí o por la colaboración entre los servicios de inteligencia -tanto civil como militar- y la Oficina del Defensor del Pueblo”, escribíamos en agosto de 2024.

 “Un aspecto determinante de este Cuartel General de Coordinación es que su jefatura corresponde al responsable de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, el GUR, es decir, a Kirilo Budanov. Los aspectos técnicos del Cuartel General de Coordinación corresponden, por su parte, a un Grupo de Trabajo liderado por uno de los máximos colaboradores de Budanov en el GUR, Andriy Yusov. En la práctica, se trata de una estructura administrativa de coordinación bajo pleno control de la inteligencia militar ucraniana”, continuaba aquel artículo, que recogía las palabras de los impulsores del proyecto explicando que su principal objetivo era “hacer pública la información sobre los agentes rusos condenados, traidores y colaboradores que cooperaron o ayudaron a las fuerzas de ocupación rusas en la guerra contra Ucrania”. Ya en aquel momento llamaba la atención que esta iniciativa de expulsión de población considerada incorrecta fuera presentada como humanitaria y que tuviera el apoyo explícito del defensor del pueblo de Ucrania. Sin embargo, tampoco en este sentido podía decirse que se tratara de una idea completamente novedosa, ya que en el pasado, Volodymyr Zelensky había animado a los y las ucranianas que se identificaran con Rusia a mudarse voluntariamente al país vecino, una forma de dejar claro que se les consideraba una población indeseada.

“El programa, denominado «Quiero ir con los míos», fue puesto en marcha el año pasado por la Jefatura de Coordinación para el Tratamiento de Prisioneros de Guerra de Ucrania, el Ministerio de Defensa, el Servicio de Seguridad y el Comisario de Derechos Humanos del Parlamento”, explica CNN. “Un sitio web del gobierno en el que se describe el programa incluye fotos e información personal de algunos de los 300 ucranianos que, según el gobierno, se han apuntado al programa”, continúa sin ninguna necesidad de mostrar la más mínima duda sobre la buena voluntad de Ucrania. “Los perfiles de 31 de ellos llevan estampada la imagen de una maleta y las palabras «SE HA IDO», con una nota que dice que «se fue a Rusia mientras que al mismo tiempo verdaderos ucranianos regresaban a casa»”, añade. No hay tampoco mención a las similitudes de esta idea, del desprecio por las personas y la mofa cuando se resuelve el caso, con la web Myrotvorets, en la que durante años se ha ido incluyendo a personas rusas, ucranianas o internacionales que Ucrania ha considerado despreciables y/o susceptibles de ser asesinadas y cuyas muertes, violentas o naturales, también ha celebrado.

“Según Kiev, se sabe que al menos 16.000 civiles ucranianos están detenidos en Rusia, aunque es probable que la cifra real sea mucho mayor. Unos 37.000 ucranianos, entre civiles, niños y militares, están oficialmente reconocidos como desaparecidos”, indica CNN, siempre sin dudar de las cifras ucranianas pese a que Kiev solo consiguió entregar a Rusia una lista de 339 menores que considera “secuestrados” por Rusia, lejos de los miles que lleva años alegando. “Muchos han sido detenidos en territorios ocupados, recluidos durante meses o incluso años sin cargos ni juicio, y deportados a Rusia. Entre ellos hay activistas, periodistas, sacerdotes, políticos y líderes comunitarios, así como personas a las que las tropas rusas parecen haber arrebatado al azar en puestos de control y otros lugares de la Ucrania ocupada”, añade olvidando prácticas similares realizadas por Ucrania. A ellas hay que sumar lo que Sean Walker describía en un reportaje sobre los territorios recuperados por Ucrania publicado en The Guardian, que relataba detenciones aleatorias, acusaciones de colaboracionismo, maltrato y graves vejaciones a personas consideradas prorrusas, que habían continuado acudiendo a sus puestos de trabajo -incluso en sectores como el mantenimiento, sin ningún contenido político- o que simplemente no habían huido a territorio ucraniano ante la llegada de las tropas rusas.

“El sitio web Quiero ir con los míos ofrece detalles de algunos de los enviados a Rusia en el intercambio de prisioneros, incluidos los delitos por los que fueron condenados. Muchos cumplían condenas de años por colaborar con Moscú. Algunos fueron condenados por apoyar la invasión o compartir información con las tropas rusas. La mayoría recibió condenas de entre cinco y ocho años de prisión”, explica en la parte final del artículo CNN, que finalmente admite que “defensores de los derechos humanos afirman que la ley ucraniana contra la colaboración, en virtud de la cual se condenó a estas personas, es en sí misma problemática”.

Citando a Yulia Gorbunova, de Human Rigths Watch, CNN explica que “entre ellos había casos en los que se había producido «poco o ningún daño» y o en los que no había intención de perjudicar la seguridad nacional. Algunos de los casos se refieren a personas que habían estado trabajando en el servicio público en zonas que entonces estaban ocupadas y que simplemente habían seguido haciendo su trabajo”. Estas palabras describen a la perfección a los y las protagonistas del reportaje de Sean Walker, que pasó completamente desapercibido entre la ola de nacionalismo ucraniano y justificación de cualquier acción de Kiev que impera en Occidente.

“Esto no quiere decir que no haya verdaderos colaboradores que cometan delitos contra la seguridad nacional… que deban ser castigados, pero esta legislación es tan vaga que esencialmente una amplia gama de actividades de personas que viven y trabajan bajo ocupación podrían calificarse de colaboración, lo que es preocupante y problemático”, afirma Gorbunova para justificar al menos una parte del destierro de personas ucranianas cuya voluntariedad de firmar el documento de deseo de marcha a Rusia ha de ser puesta en duda teniendo en cuenta las presiones a las que son sometidas.

“Estas personas siguen siendo ciudadanos ucranianos, y lo que dicen en el sitio web es que fueron intercambiados por «verdaderos ucranianos», lo cual no está nada bien”, afirma citando a otra defensora de los derechos humanos. Lo que el artículo no menciona, ni siquiera de forma sutil, es que esta iniciativa forma parte de una política sistemática de expulsión, primero del espacio político, después del público y finalmente del país de una parte de la población que la Ucrania nacionalista post-Maidan considera ideológicamente incorrecta y de la que quiere desprenderse desde hace once años.