El negocio de la pobreza: explotación laboral de la población refugiada

El grave problema demográfico heredado de la catástrofe económica y social que fueron los años 90 a consecuencia de la salvaje liberalización tras la disolución de la Unión Soviética es uno de los muchos problemas que comparten Rusia y Ucrania. La caída de la natalidad y la constante fuga de población hacia la emigración han sido una constante que, en el caso de la Federación Rusa, se ha mitigado ligeramente solo a base de mantener unos elevados niveles de inmigración, en parte de Asia Central, algo que siempre ha molestado al racista y generalmente islamófobo nacionalismo ruso, aunque también de otras exrepúblicas soviéticas como la propia Ucrania. Kiev, que no ha podido compensar las pérdidas de población a base de inmigración, se encuentra ahora en una situación demográfica mucho más comprometida que su enemigo de Moscú. Ambos países han sufrido salidas masivas de población a consecuencia de la guerra. En el caso ruso, la movilización decretada en septiembre de 2022, y de la que Rusia excluyó a algunas profesiones difíciles de sustituir, provocó lo que Occidente esperaba que fuera una fuga de cerebros que contribuyera al efecto que debían tener las sanciones en la destrucción de la economía. En el caso ucraniano, a la emigración económica que se había vivido en años anteriores y a la pérdida de población que supuso la secesión de Crimea y la aparición de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk se sumó el éxodo masivo de los primeros meses después de la invasión rusa.

La oleada de solidaridad que se produjo entonces apelaba a la protección de la población refugiada, mayoritariamente mujeres y menores, centrándose siempre en presentar a la Unión Europea como un territorio con la superioridad moral de quien acoge a quien lo necesita. Esa visión idílica de la acogida de millones de ucranianos olvidaba interesadamente el tratamiento que se había dado a la población refugiada de Ucrania en años anteriores, que había visto masivamente rechazadas sus peticiones de asilo (el 92% en el caso español) y también que una parte de quienes huían de la guerra no lo hacían hacia el oeste sino hacia el este, como ya había ocurrido en 2014. Esa imagen ha querido también tapar los abusos cometidos a lo largo de este tiempo contra esta población cuya vulnerabilidad ha sido aprovechada por quienes han buscado sacar partido de la situación para conseguir un beneficio propio. En esa categoría puede incluirse a quienes han utilizado a la población refugiada -ya fuera la ucraniana o la disidente rusa- como argumento político, las mafias que se lucran a base de la situación en las fronteras, pero también aquellos empresarios que han visto en la coyuntura una ocasión de lograr mano de obra barata y los países que lo han instigado. Alemania, por ejemplo, reclutaba ya mano de obra barata y cualificada en Ucrania antes de la invasión rusa. Ahora, el canciller alemán, en parte debido a la presión de la derecha, por delante en las encuestas, anima a la población ucraniana a buscar trabajo y dejar de depender del Estado, que ya ha hecho por ella todo lo que debía y les ha ofrecido “clases de alemán”.

Un extenso y detallado artículo publicado por VSquare narra algunos de esos abusos a los que ha sido sometida la población ucraniana en diferentes países de la Unión Europea, generalmente en esos Estados cuyas clases dirigentes más han dicho apoyar a Ucrania y a su población de la que ahora se aprovechan. “Las dificultades a las que se enfrentan los ucranianos en los mercados laborales europeos van desde la falta de salarios y los sueldos ilegalmente bajos hasta condiciones de vivienda inhabitables, violencia psicológica y un desprecio absoluto por el bienestar de los trabajadores y las normas establecidas por la legislación laboral”, explica el medio, especializado en información en profundidad sobre Europa Central, es decir, los países del antiguo bloque socialista que han basado sus reformas en la liberalización salvaje y la desregulación que ha dejado en manos del mercado las responsabilidades del Estado.

“La guerra ha avivado el negocio de la pobreza. Las empresas pueden ganar dinero a costa de los ucranianos de tres maneras: cobrando alquileres, recibiendo subsidios por los refugiados y explotándolos mediante el trabajo de agencia”, explica Eva Malá, de la ONG People in Need, que se refiere concretamente a los casos de abuso de la población trabajadora refugiada ucraniana en la República Checa. La situación es similar en otros países como Polonia, Lituania o Alemania, de los que se dan ejemplos de falsas promesas, salarios más bajos de los ofrecidos, horarios más allá de la legislación, abuso en el alojamiento, dificultades para cambiar de trabajo y un reclutamiento en las fronteras que bordea el tráfico de personas.

“Desde la segunda semana de la guerra, los directivos de Nermeka, de Lituania, se desplazan a la frontera de Polonia con Ucrania y ofrecen a los refugiados oportunidades de trabajo y vivienda. El nombre oficial de la empresa es Nermeka, pero opera bajo la marca Hirelabas, y ofrece tanto servicios de contratación para demandantes de empleo como mano de obra para empresas que buscan empleados. A los refugiados se les prometió un salario de 1.000 euros al mes y alojamiento gratuito con sólo 60 euros al mes para servicios públicos. Irina (nombre ficticio) fue una de las muchas que recurrieron a esa oferta de ayuda”, escribe Vsquare, que da el ejemplo de una mujer para probar que la oferta era demasiado buena para ser verdad. Además del salario real notablemente más bajo del prometido, Irina tuvo que pagar unos costes mucho más elevados por la vivienda (escudándose la agencia en los costes de la hija de Irina) y una jornada laboral que “excedía significativamente la regulación del Código del Trabajo de Lituania”. Las 77 horas que se veía obligada a trabajar superaban en 17 las permitidas legalmente por Lituania. La respuesta del consejero delegado de la agencia de colocación que surte a las empresas con mano de obra barata a la que explotar se defendió de las acusaciones alegando         que “lo importante es que damos vivienda sin coste a los ucranianos. Estamos intentando realmente ayudarles, nadie quiere a los ucranianos más que nosotros”.

“Dirigirse a refugiados como Irina que aún se encuentran en su país de origen funciona bien porque muchos temen marcharse sin asegurarse un alojamiento. La ONG checa Diakonie Západ informa de que los intermediarios laborales informales, vinculados a agencias de empleo pero no mencionados oficialmente en los contratos, se aprovechan de este miedo. Interceptan a los refugiados ucranianos que llegan o planean marcharse y les ofrecen algo poco frecuente: la posibilidad de asegurarse una vivienda en medio de una crisis generalizada del coste de la vida en las ciudades europeas” añade el artículo, que pone como ejemplo la ciudad de Pilsen, “conocida fundamentalmente por su cerveza y enorme número de agencias de empleo”, un total de 570 agencias que emplean a 20.000 personas extranjeras. Como denunciaba la activista Almut Rochowanski, se trata de ejemplos de “los muchos estratos y economías sumergidas en toda Europa, donde los ucranianos y otros inmigrantes son sistemáticamente explotados y abusados, porque las leyes laborales nominalmente estrictas simplemente no se aplican”.

El ejemplo de que Vsquare menciona sobre Pilsen es el de la industria de los hostales, en los que se alojan las personas extranjeras utilizadas como mano de obra barata en diferentes tareas mal pagadas en la zona. El artículo menciona el caso de un ingeniero ucraniano, Dmitry Druzhinin, también refugiado, cuyo “albergue alojaba a ucranianos que trabajaban para la agencia de empleo. Durante el tiempo en que Druzhinin ejerció de administrador, desde la primavera de 2022 hasta la primavera de 2023, dijo, unas 1.000 personas se registraron en el albergue, por lo que apenas salía del edificio”. Druzhinin, que definió su situación equiparándola a la de “un perro atado” recibió de la empresa una exigencia de más de 3000€ para cubrir el alojamiento. En realidad, ese coste estaba ya incluido en la nómina del trabajador, en la que se descontaba la cantidad que la agencia estimaba oportuna como cuota por el alojamiento.

Casos similares se han dado también en Alemania. “Al principio de la guerra, algunas mujeres ucranianas eran recogidas directamente en la frontera con Polonia y luego explotadas como mano de obra barata en hoteles. Existía una gran dependencia porque las mujeres eran alojadas directamente por el empleador en alojamientos. Las que renunciaban también perdían su techo”, explica el artículo que precisa que, quizá a consecuencia del mejor manejo de la lengua alemana, las denuncias por este tipo de abusos han disminuido.

La base de la explotación son las agencias de colocación, en realidad empresas que, sin serlo, actúan como tal precisamente para aprovecharse de las ventajas fiscales que supone. “Se trata de un determinado proceso por el que las entidades económicas, eludiendo determinadas obligaciones, es decir, el cumplimiento de sus obligaciones o el pago de impuestos, (…) crean, en la mayoría de los casos, una nueva entidad económica, transfieren sus actividades de valor, y dejan todos los impuestos y deudas impagados en esa entidad jurídica, que en el futuro no realiza ninguna actividad, sino que permanece en situación de impago de todas sus obligaciones de acreedor”. Ante la impasible mirada de las autoridades fiscales de los países del este de Europa, dispuestos siempre a supeditar los derechos de la población a los beneficios del capital, las empresas se constituyen y reconstituyen de la forma más lucrativa en cada momento. En ese contexto, la población no es más que mano de obra con la que conseguir trabajo barato y beneficios fiscales o subsidios por ayudar a la población refugiada.

En estos dos años, la población ucraniana se ha visto beneficiada por la situación política. Como población políticamente útil contra el enemigo común, Rusia, en la actual guerra proxy, no han sufrido la discriminación que sí han padecido otras poblaciones. En términos generales, las familias refugiadas ucranianas no han tenido problemas para legalizar su situación y obtener ayudas sociales y posibilidad de acceder de forma regular al mercado laboral. El abuso que han padecido ha llegado de empresas y agencias que se han aprovechado de la financiación asociada a la ayuda a los refugiados y la vulnerabilidad de este colectivo que, sin buenas opciones de alojamiento y empleo, se ha visto obligado a aceptar condiciones que incumplen la de por sí laxa legalidad vigente en ciertos países europeos. Aun así, la situación de la población ucraniana ha sido de privilegio con respecto a refugiados y refugiadas de otras guerras, que no han recibido, reciben o recibirán ayuda para huir de sus países, llegar a la próspera Europa, ni facilidades para residir y trabajar legalmente en territorio europeo. El factor racial y cultural es clave, aunque no es el único. Al igual que las personas que han huido de la guerra de Sudán, Yemen o Palestina, tampoco las personas afectadas por la guerra de Donbass recibieron el trato del que sí disfrutaron sus compatriotas del lado correcto del frente.