«Quiero estar con los míos»: civiles como prisioneros de guerra

Después de un periodo de prueba, Ucrania puso en marcha el pasado mes de julio el proyecto denominado “Хочу к своим” (“Quiero estar con los míos”). Según sus promotores, el proyecto pretende ayudar a facilitar el retorno de población ucraniana actualmente en situación de cautividad en la Federación Rusa a través de intercambio de civiles ucranianos que se sienten identificados con Rusia. La presentación pública de la iniciativa se realizó el pasado 25 de julio sin que, ni en Ucrania ni en Occidente, saltara ningún tipo de alarma por la idea en sí o por la colaboración entre los servicios de inteligencia -tanto civil como militar- y la Oficina del Defensor del Pueblo.

Se trata de una iniciativa del llamado Cuartel General de Coordinación para el Tratamiento de los Prisioneros de Guerra, organismo creado en virtud de lo previsto en la Resolución número 257 del Consejo de Ministros de Ucrania de 11 de marzo de 2022. Este organismo auxiliar temporal del gabinete ministerial tiene como objetivos facilitar la coordinación de las actividades de los órganos políticos y judiciales del Estado ucraniano, de sus distintas formaciones militares y de las asociaciones públicas en lo relativo al tratamiento de los prisioneros de guerra. En la práctica, una de las actividades centrales del Cuartel General es la organización de los intercambios de prisioneros de guerra con la Federación Rusa.

Un aspecto determinante de este Cuartel General de Coordinación es que su jefatura corresponde al responsable de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, el GUR, es decir, a Kirilo Budanov. Los aspectos técnicos del Cuartel General de Coordinación corresponden, por su parte, a un Grupo de Trabajo liderado por uno de los máximos colaboradores de Budanov en el GUR, Andriy Yusov. En la práctica, se trata de una estructura administrativa de coordinación bajo pleno control de la inteligencia militar ucraniana.

En el impulso del proyecto “Quiero estar con los míos”, el GUR cuenta con el apoyo del Servicio de Seguridad de Ucrania, el SBU. De forma a priori sorprendente teniendo en cuenta el contenido de la iniciativa, el GUR también se beneficia del apoyo del Secretariado del Comisionado de Derechos Humanos de la Rada Suprema, el defensor del pueblo de Ucrania.

Según señalan sus impulsores, el principal objetivo del proyecto es “hacer pública la información sobre los agentes rusos condenados, traidores y colaboradores que cooperaron o ayudaron a las fuerzas de ocupación rusas en la guerra contra Ucrania” y que han dado su consentimiento para ser intercambiados por ciudadanos ucranianos en cautiverio en la Federación Rusa. La vía para hacer pública dicha información es la web https://hochuksvoim.com. Hay que recordar que, en las diferentes versiones de la finalmente fallida ley de colaboracionismo que preparaba Ucrania en los años 2020-2022, la definición de colaborar llegó a incluir, por ejemplo, al profesorado.

Otros objetivos asociados son facilitar a la ciudadanía ucraniana que, por una u otra razón está “cooperando con las fuerzas enemigas”, la oportunidad de detener tales actividades bajo ciertas condiciones; permitir que los y las ciudadanas de Ucrania que tengan información sobre las “actividades de los agentes enemigos” la notifiquen; y ayudar a los ciudadanos que desean abandonar Ucrania hacia Rusia para que lo hagan de forma efectiva. A tales efectos, se establecen tres formularios específicos a través del sitio web señalado.

La participación del GUR y del SBU refuerza la naturaleza principal de la iniciativa: intercambiar a prisioneros civiles, condenados por el Estado de Ucrania por “traición” o por “acciones de colaboración” con las fuerzas de la Federación Rusa o de las Repúblicas Populares de Donetsk y de Lugansk, por prisioneros ucranianos bajo cautividad en la Federación Rusa o en el territorio de esas repúblicas. Para ello, en el marco del proyecto, sus promotores publican “información sobre los colaboradores que han sido llevados ante la justicia y que han colaborado con las fuerzas de ocupación rusas o las han ayudado”.

Respecto a la dimensión legal del proceso, según el procedimiento establecido, los “voluntarios” asumen que participan en el proceso de intercambio como prisioneros de guerra. En ese sentido, se señala que “cada uno de ellos escribe una declaración de su puño y letra, en la que pide literalmente a los representantes del Cuartel General de coordinación para el tratamiento de los prisioneros de guerra que lo incluyan en el intercambio como prisionero de guerra”. Según Ucrania, esta declaración, junto a un documento en el que se da el “consentimiento voluntario para la difusión de sus datos personales” garantiza que no se violan los derechos de los ciudadanos ucranianos que participan voluntariamente en el proyecto.

En el caso de que el Cuartel General, subordinado de facto al GUR, decida que la persona es susceptible de intercambio, “el tribunal, sobre la base del artículo 84-1 del Código Penal de Ucrania y a petición del fiscal, decide liberarlo de cumplir su condena”. Es entonces cuando “el ex convicto, bajo la supervisión de las fuerzas del orden, se dirige al lugar del intercambio y, de hecho, es trasladado al lado ruso durante el intercambio”.

En caso de que el intercambio no se produzca, “el tribunal, a petición del fiscal, decide enviar al condenado liberado de la pena … para que cumpla la pena que le había sido impuesta anteriormente. Y el condenado, bajo la supervisión de los mismos órganos de seguridad, regresa al lugar de cumplimiento de la pena”. De esta forma, la posibilidad de quedar liberado de cumplir la condena queda condicionada a que el intercambio de prisioneros de guerra se haga efectivo, es decir, a que la persona sea expulsada del país.

Respecto a los demás objetivos de la acción (el arrepentimiento, la delación y el traslado de civiles que quieran ir a Rusia), es la cuestión relativa a las peticiones de traslado a Rusia la que más llama la atención. Como se señala en 0629.com “a través de un formulario especial en el sitio web, las personas que no desean vivir en Ucrania, pero desean irse a Rusia, pueden dejar información al respecto”. Según Dmitry Lubinets, Defensor del Pueblo ucraniano, la tramitación de las solicitudes en este formulario será coordinada por los representantes de la Secretaría del Comisionado para los Derechos Humanos de Ucrania quienes en el futuro, utilizando la información recibida, trabajarán para conseguir por esa vía el regreso de civiles ucranianos detenidos en la Federación Rusa a Ucrania. El retorno de las personas que quieran participar en el proceso se realizará mediante una aprobación previa a través de un canal de comunicación entre el Comisionado para los Derechos Humanos de Ucrania y el Comisionado para los Derechos Humanos de la Federación Rusa.

Si la parte central del proyecto ucraniano es utilizar a prisioneros civiles del Estado para aumentar su cupo de “prisioneros de guerra” a intercambiar, este aspecto complementario busca deshacerse de ciudadanas y ciudadanos de Ucrania que simpatizan con Rusia. Nadie debería a estas alturas dudar de la capacidad de las autoridades de Kiev de detener a personas a las que puede acusar únicamente de delitos de opinión.

En este contexto, es llamativo que el Gobierno de Ucrania apele “a todas aquellas personas que quieran ir a vivir a la Federación Rusa, que dejen sus solicitudes en el sitio web del proyecto”. Este llamamiento se convierte en una propuesta de autogestión de la limpieza étnica por parte de la población más directamente afectada. Desde el punto de vista ucraniano, la preocupación es facilitar el retorno de civiles ucranianos cautivos, no existiendo según Ucrania “ningún mecanismo para el retorno de estas personas, ya que no son militares”.

En cuanto a la dinámica del proyecto, por ahora, se señala que unos 70 residentes de la región de Donetsk han dado su consentimiento para la publicación de información sobre su caso y solicitado su reasentamiento en la Federación Rusa. Su imagen y su información pueden verse en la página web. Entre ellos se encuentran algunas de las personas entrevistadas por Shaun Walker en su reportaje sobre los prisioneros pro-rusos en Ucrania. En él quedaba constancia de los abusos que están cometiendo las autoridades ucranianas contra parte de su propia población. A ellos hay que añadir el acoso de los sectores nacionalistas, capaces de tomarse la justicia por su mano con total impunidad.

Puede comprobarse que, al menos por ahora, la mayoría de las personas que habrían aceptado ser incluidas en las listas de, en la práctica, expulsión de su país no aparecen en la web del programa. Al respecto, Focus.ua aporta una explicación a través de las declaraciones del represente del SBU, Artem Dekhtyarenko. Según él, de todos los condenados por colaborar, unas 500 personas aceptaron el intercambio y participar en el programa. De esas 500 personas, sólo algo más de 200 aceptaron que sus datos se publicaran en el sitio web.

Respecto a los resultados de la primera semana operativa del proyecto, se menciona el intercambio de un colaborador, la renuncia de actividades por parte de otro de ellos y la denuncia de siete potenciales colaboradores. Lo más llamativo es la afirmación de que “7 rusos expresaron su deseo de ir a Rusia”.

Una iniciativa de expulsión de la población incorrecta

La apariencia legal, la presentación oficial en una rueda de prensa y los argumentos falazmente humanitarios de retorno al país de población civil presa en el extranjero no pueden esconder el verdadero objetivo de los servicios civiles y militares de la inteligencia ucraniana.

Por una parte, Ucrania necesita crear artificialmente un fondo de intercambio de prisioneros para disponer de un número suficiente de personas que, por iniciativa propia u obligados por las circunstancias, acepten ser incluidas en las listas de intercambio. Nada de ello es nuevo: durante los años de guerra en Donbass, fueron incluidos en la lista de intercambio de prisioneros de guerra, por ejemplo, un superviviente de la masacre de Odessa mantenido en prisión durante más de dos años sin que hubiera ninguna prueba en su contra o miembros de los Berkut acusados por los asesinatos de Maidan. A cambio de esas personas, Ucrania recibió soldados capturados por las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk. La situación actual cuenta con un cierto paralelismo: también entonces, Ucrania necesitaba detenciones aleatorias y cuestionables inclusiones en la lista de prisioneros de guerra para recuperar a sus presos al otro lado del frente, mucho más numerosos.

Por otra parte, y como objetivo principal, Kiev busca expulsar del país a toda esa población que considera desleal, indeseable e indeseada única y exclusivamente por motivos ideológicos y de autopercepción social, cultural o políticamente rusa. Tampoco en ese sentido puede observarse ningún cambio en la actuación de Ucrania, que desde hace varios años anima la a población ucraniana que se percibe como rusa a abandonar el país. A la operación antiterrorista iniciada por Ucrania contra la población de Donbass que exigía derechos lingüísticos y políticos en 2014 hay que añadir el intento de impedir la celebración de elecciones locales en la parte de Donetsk y Lugansk bajo control ucraniano ante la certeza de que la población no votaría a los partidos ucranianos, entendido ese término como ucranianos nacionalistas.

En 2021, fue el propio presidente Zelensky, que había llegado al poder por la enorme diferencia de votos obtenida en las regiones de habla rusa quien aconsejó, sin ninguna sutileza, a la población ucraniana que se sintiera rusa a, “por su bien y el de sus hijos”, mudarse a Rusia. La iniciativa actual no es sino la oficialización de una política de expulsión de una parte de la sociedad ucraniana, la política de imponer una pureza, no racial, pero sí ideológica, uno de los principales objetivos de la agenda nacionalista de la Ucrania nacida en Maidan.

No resulta sorprendente que el portal Myrotvorest de delación de opositores y disidentes del estado de Ucrania use a “Хочу к своим” como referencia básica para la solución final planteada por los actuales representantes del nacional-estatismo ucraniano para quienes no participan de sus puntos de vista. La idea nacional-banderista de “maleta-estación-Rusia” trasladada a la legislación del Estado ucraniano. Democracia y estado de derecho son válidos en Ucrania solo para la población correcta. Para el resto de la sociedad de los territorios bajo su control, Kiev ofrece guardar silencio y aceptar su marginación o la expulsión camuflada de exilio voluntario. Y quienes residen en los territorios que Ucrania aspira a reconquistar, las opciones son aún más restrictivas: castigo y sometimiento o expulsión.