La amenaza económica

El periodo vacacional ha hecho desaparecer temporalmente de los titulares la lucha de la administración Biden y de la Comisión Europea para lograr la aprobación de los nuevos paquetes de asistencia a Ucrania. Mientras que la Casa Blanca busca más de 60.000 millones de dólares fundamentalmente para el esfuerzo militar de Ucrania, la Unión Europea espera levantar el veto de países como Hungría a los 50.000 millones de euros con los que mantener en pie al Estado ucraniano. El reciente fracaso y la incertidumbre sobre la postura de Budapest, aparentemente más dura que en ocasiones anteriores, han hecho que, según apuntan las últimas informaciones, la UE busque la fórmula para lograr al menos 20.000 millones de euros siguiendo un nuevo sistema. Como explica The Financial Times, “este esquema implicaría la provisión de garantías al presupuesto de la UE por parte de los Estados miembros, permitiendo a la Comisión Europea tomar prestados hasta 20.000 millones de euros en los mercados de capital en interés de Kiev”. El plan, que se presenta similar al mecanismo utilizado para suministrar financiación a los países miembros durante la pandemia de COVID-19 en 2020, demuestra nuevamente el interés de la Unión Europea por continuar manteniendo al Estado ucraniano hasta el punto de solicitar préstamos en nombre de un país que ni siquiera forma parte del bloque.

Desde que comenzaron las dificultades de Washington y Bruselas para lograr los fondos que pretenden emplear en garantizar que Kiev pueda continuar luchando el próximo año, la narrativa se ha centrado de forma prácticamente exclusiva en las necesidades militares de Ucrania. A lo largo de las últimas semanas han proliferado en los grandes medios occidentales, especialmente en los estadounidenses, análisis sobre el peligro militar al que se enfrenta Ucrania y los riesgos que supondría una victoria rusa. Exagerando ampliamente las amenazas, expertos o lobistas como Phillip Karber, un veterano de explotar el peligro ruso para lograr el envío de armas a Ucrania para la guerra contra Rusia, afirma esta semana que, si las tropas de Kiev no logran mantener el frente de Donetsk, habrá vía libre hasta el río Dniéper. Sus palabras contrastan con los extremadamente lentos avances de Rusia en Donbass y recuerdan las que pronunciaba en el año 2015 y que pudieron conocerse gracias a una gran filtración de correos electrónicos. En aquel momento, Karber preveía un colapso del frente ucraniano en 30 días. La solución, como ahora, era enviar armas estadounidenses.

Menor atención se ha prestado a las consecuencias que podría suponer la falta de la financiación europea. En el reparto de tareas que se ha consolidado desde febrero de 2022, una parte importante de la financiación de Bruselas, compromisos a largo plazo, se destina al mantenimiento del Estado, sus instituciones, pagos de salarios y pensiones e infraestructuras. La falta de nueva financiación estadounidense supondría que esos fondos europeos tendrían que ser empleados, desde el momento en el que se aprobaran, en cubrir esas carencias militares. En caso de pérdida de los fondos europeos, sería Estados Unidos quien se vería en la obligación de cubrir, cuando logre aprobar sus fondos, la labor ahora realizada por la UE. En cualquier caso, la pérdida de una de esas dos fuentes de financiación incidiría gravemente en la capacidad de Kiev de garantizar el funcionamiento mínimo de sus estructuras estatales.

“La asistencia de los socios es extremadamente crítica”, afirma la viceprimera ministra y ministra de Economía Yulia Sviridenko, que añade que “la necesitamos urgentemente”. Ucrania, que dice precisar de 37.000 millones de dólares de “apoyo externo” el próximo año, espera que los fondos europeos se desbloqueen en febrero y comiencen a llegar a Kiev en marzo, aunque advierte que no son suficientes. “Algunos oficiales occidentales afirman que Ucrania podría aguantar la oleada durante unos meses a base de préstamos domésticos o por medio de financiación monetaria del banco central, pero eso desataría la inflación y minaría la estabilidad financiera”, afirma The Financial Times. La situación muestra claramente que las opciones de Ucrania pasan por ahondar en su dependencia de subsidios occidentales, agrandar aún más su deuda o imprimir moneda, todas ellas con graves consecuencias presentes y futuras para la población, cuyo bienestar no parece ser el principal aspecto a tener en cuenta por las autoridades nacionales e internacionales. “Fuertes recortes en gasto público o aumento de la inflación podrían descarrilar la economía ucraniana y debilitar su base impositiva, haciendo que el país fuera aún más dependiente del apoyo extranjero”, añade The Financial Times con un planteamiento que describe una situación de subordinación absoluta de Ucrania a los ingresos procedentes de Occidente.

Exagerar el peligro es la estrategia ucraniana en lo que respecta a la cuestión militar y lo es también en términos económicos. En esta ocasión, la amenaza de Ucrania no es la de un avance ruso que llevara a las tropas de Moscú a las fronteras de la UE, sino a unos recortes que afectarían directamente a la población civil. “No se trata solo de mantener la estabilidad macroeconómica”, afirmó Sviridenko, “sino de crear las condiciones para que la economía se recupere”. Con el foco en lo macroeconómico, la situación de la empobrecida población es solo una preocupación secundaria. Los planes de Ucrania pasan directamente con por advertir a sus socios de que, a falta de la financiación deseada, según The Financial Times, “Ucrania puede posponer el pago de salarios a empleados públicos y pensiones a millones de sus ciudadanos”.

Esa actuación tiene un precedente claro, utilizado también, al menos en parte, como forma de ahorro para las arcas del Estado. De facto en el verano de 2014 y por decreto en aquel otoño, Ucrania suspendió definitivamente los pagos de salarios, pensiones y prestaciones sociales a la población de Donbass. Pese a que los acuerdos de Minsk exigían la reanudación de relaciones económicas entre Kiev, Donetsk y Lugansk, las administraciones de Poroshenko y Zelensky siempre rechazaron reanudar el pago de pensiones y tan solo quienes lograran registrarse como desplazados internos y cruzaran periódicamente la línea del frente pudieron, durante esos siete años, obtener sus pensiones. El bienestar de la población, incluso de aquella más vulnerable, nunca ha sido la prioridad de Ucrania, cuya advertencia actual ha de ser tenida muy en cuenta. El objetivo es mantener el crecimiento del PIB que el FMI estima en 4,5%, tan artificial y fruto únicamente de los fondos que llegan del exterior que, sin ellos, Ucrania está dispuesta a condenar a su población al impago de salarios y pensiones.